Paciente incapaz

Qué es un paciente incapaz

El artículo 9 de la Ley 41/2002 distingue tres supuestos en los que el consentimiento se presta por representación: el paciente que no es capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable, el paciente cuya capacidad ha sido objeto de una resolución judicial, y el menor de edad que no comprende intelectual ni emocionalmente el alcance de la intervención. El primero de esos supuestos se conoce en la literatura bioética como capacidad de hecho o capacidad natural, y es un juicio clínico, no jurídico: lo realiza el propio médico, valorando si la persona entiende la información, puede razonar sobre ella y comunicar una decisión coherente. El segundo supuesto es distinto, porque depende de una resolución previa, no de la valoración del profesional en ese momento concreto.

La distinción tiene consecuencias prácticas. Un paciente con una demencia avanzada, un episodio psicótico agudo o un estado de coma carece de capacidad de hecho aunque nunca haya pasado por un procedimiento judicial. En sentido inverso, una persona con una medida judicial de apoyo puede conservar, para determinadas decisiones, capacidad suficiente para decidir por sí misma. La ley obliga en ambos casos a que el paciente participe en la medida de lo posible, y a ofrecerle apoyos accesibles cuando tiene una discapacidad, antes de acudir a la representación.

El marco legal y una terminología en transición

España reformó en 2021 su legislación civil sobre discapacidad. La Ley 8/2021, en vigor desde el 3 de septiembre de ese año, sustituyó el antiguo sistema de incapacitación judicial por un modelo de apoyos que respeta la voluntad y las preferencias de la persona, y abandonó expresiones como incapacitado o capacidad modificada judicialmente en el resto del ordenamiento. La Ley 41/2002 no se actualizó, sin embargo, a la par: su artículo 9.3.b sigue mencionando literalmente la capacidad modificada judicialmente, y el propio texto conserva términos como paciente incapaz que la reforma civil ya dejó atrás en otras normas. Especialistas en derecho sanitario han señalado este desajuste, que obliga en la práctica a interpretar la norma sanitaria a la luz de los principios de la reforma civil, aunque su letra no lo diga expresamente.

Cuando el consentimiento corresponde a un representante, la ley exige que la decisión busque siempre el mayor beneficio para la vida o la salud del paciente, y que cualquier decisión contraria a ese interés se ponga en conocimiento de la autoridad judicial. La representación no equivale, por tanto, a una sustitución completa de la voluntad del paciente. Es un mecanismo subsidiario, pensado para protegerlo, no para sustituir sin más su criterio por el de otra persona.

Preguntas frecuentes

¿Es lo mismo estar incapacitado judicialmente que carecer de capacidad de hecho?

No. La capacidad de hecho es un juicio clínico que valora si la persona entiende la información y puede decidir en ese momento concreto. La incapacitación judicial, hoy sustituida por las medidas de apoyo, procede de una resolución previa y puede no coincidir con el estado real del paciente en un momento dado.

¿Quién decide si un paciente carece de capacidad para consentir?

El médico responsable de la asistencia, según el criterio recogido en el artículo 9.3.a de la Ley 41/2002. No se requiere, para este supuesto concreto, ninguna resolución judicial previa.

¿Deja de informarse a un paciente incapaz?

No. La ley obliga a informarle de todos modos, de forma adaptada a su capacidad de comprensión, además de informar a su representante legal. El derecho a la información no se extingue con la incapacidad, solo se ajusta a las posibilidades reales de cada persona. Esta obligación se mantiene incluso cuando la decisión final recae por completo en el representante, precisamente porque la ley entiende que la participación del paciente, aunque sea parcial, forma parte de su dignidad.

¿Cuándo cambió la ley española sobre discapacidad y capacidad jurídica?

La Ley 8/2021, de 2 de junio, entró en vigor el 3 de septiembre de ese mismo año y sustituyó la incapacitación judicial por un sistema de apoyos. La legislación sanitaria, sin embargo, mantiene en algunos puntos la terminología anterior.

Referencias

1. Boletín Oficial del Estado. Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, artículo 9.
2. Boletín Oficial del Estado. Ley 8/2021, de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
3. Instituto de Derecho y Bioética, IDIBE. El impacto de la reforma en materia de capacidad en el artículo 9 de la ley de autonomía del paciente.
4. SciELO España. La capacidad de los pacientes para tomar decisiones, una tarea todavía pendiente.