Órdenes anticipadas

Qué son las órdenes anticipadas

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, define en su artículo 11 el documento de instrucciones previas como aquel por el que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, para que se cumpla cuando ya no pueda expresarla personalmente. También puede recoger su voluntad sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos tras el fallecimiento.

El nombre varía según quién lo use. Testamento vital fue la primera denominación en calar entre el público. Los juristas, sin embargo, señalan una imprecisión de fondo: un testamento surte efecto después de la muerte, mientras que este documento rige decisiones tomadas en vida. Por eso el legislador español optó finalmente por instrucciones previas. Voluntades anticipadas es, en cambio, el término más extendido en el ámbito sanitario.

Marco legal en España

El derecho a formalizar este documento se apoya en el artículo 11 de la Ley 41/2002, en vigor desde el 16 de mayo de 2003. La norma remite además al Convenio de Oviedo, el tratado europeo sobre derechos humanos y biomedicina que España ratificó en 1999 y que reconoce los deseos expresados con anterioridad por el paciente dentro del consentimiento informado. Cada comunidad autónoma gestiona su propio registro de instrucciones previas y, desde 2007, existe también un registro nacional, creado por el Real Decreto 124/2007, que permite consultar el documento desde cualquier centro sanitario del país con independencia de dónde se haya formalizado. El registro nacional no sustituye a los autonómicos.

La regulación no es uniforme entre comunidades autónomas: cambian la edad mínima para otorgar el documento, el procedimiento ante el que se formaliza y otros requisitos.

Qué puede incluir

El documento puede combinar dos elementos distintos. Uno es la declaración de voluntades sobre tratamientos futuros, orientada sobre todo a los cuidados en la fase final de una enfermedad grave. El otro es el nombramiento de un representante, la persona a la que se autoriza para decidir en nombre del paciente cuando este no pueda hacerlo por sí mismo. En la práctica, ambos suelen recogerse en un mismo documento.

Entre las decisiones que puede recoger figura la negativa a la reanimación cardiopulmonar, cuestión regulada de forma específica por las órdenes de no reanimación, un documento distinto y más concreto.

Origen histórico

El concepto nace en Estados Unidos durante la década de 1960, cuando empezó a difundirse la figura del living will, el testamento en vida en el que una persona dejaba constancia escrita de sus preferencias sobre tratamientos futuros. Desde allí se extendió a Europa y, a través del Convenio de Oviedo, llegó también a la legislación española.

Diferenciación

Expresar preferencias sobre la atención médica futura no equivale a solicitar que se ponga fin a la vida. El documento de instrucciones previas regula qué tratamientos aceptar o rechazar; no autoriza ni contempla ninguna actuación dirigida a causar la muerte.

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio firmar unas órdenes anticipadas?

No. La ley reconoce este documento como un derecho, no como una obligación. Quien no lo otorgue seguirá recibiendo la atención médica ordinaria, y las decisiones sobre su cuidado se tomarán según los cauces habituales de información y consentimiento.

¿Puede modificarse una vez formalizado?

Sí, en cualquier momento y sin necesidad de justificar el cambio. Basta con presentar un nuevo documento ante el registro correspondiente; el anterior queda sin efecto.

¿Qué ocurre si el documento no está inscrito en el registro nacional?

El registro nacional facilita que cualquier centro sanitario del país pueda consultar el documento, pero la inscripción en él no es un requisito de validez. Las instrucciones previas formalizadas ante el registro autonómico correspondiente, ante notario o mediante los cauces que prevea cada comunidad son igualmente válidas desde el momento de su otorgamiento. Lo que sí conviene es entregar una copia al equipo médico habitual y a la persona designada como representante, para que el documento pueda aplicarse sin demora si llega el momento. El Real Decreto 124/2007 reguló este registro nacional como una herramienta de consulta compartida entre comunidades, no como filtro de validez.

¿Desde cuándo existe este derecho en España?

Desde el 16 de mayo de 2003, fecha en la que entró en vigor la Ley 41/2002. Antes de esa norma, la voluntad del paciente sobre su atención futura carecía de reconocimiento legal expreso en el ámbito estatal.

Referencias

1. Documento de voluntades anticipadas. MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.
2. Voluntades anticipadas. Manual MSD, versión para público general.
3. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente. Boletín Oficial del Estado.
4. Real Decreto 124/2007, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas. Boletín Oficial del Estado.